Minas
La actividad minera es uno de los revulsivos económicos más importantes de un País. Sin embargo, España cuenta con una Ley de Minas preconstitucional, que difícilmente se ajusta a la evolución tecnológica y ambiental de la normativa europea y nacional. Esta disyuntiva complica la aplicación e interpretación del derecho minero.
La actividad extractiva minera, aunque declarada de interés público por la Ley de Minas, cada día resulta más complicada, dadas las limitaciones ambientales y municipales, que, aun siendo sectoriales, son esenciales para la explotación de la mina.
El estudio conjunto y especializado de los requisitos impuestos por estas tres Administraciones Públicas obliga a contar con un abogado especializado en esta materia.
Gutiérrez Labrador Abogados ofrece al cliente la ventaja de una larga experiencia en asuntos relacionados con el derecho minero y un departamento especializado en Medio Ambiente.
Junto a la protección Ambiental y el respeto a la clasificación urbanística del suelo, existe un tercer factor limitante a la hora de llevar a buen fin la solicitud para una explotación minera, cual es la disponibilidad del terreno donde se encuentra el mineral.
Partimos de la siguiente premisa: el recurso minero se encuentra en el subsuelo que es Dominio Público. Solo el suelo suele ser propiedad privada. Sin embargo, para explotar el subsuelo se debe ocupar primera y necesariamente el suelo.
Tramitamos expedientes de reclasificación y ocupación forzosa para los casos en que el titular del suelo rechace la venta u ocupación temporal. En tales supuestos para explotar el subsuelo se hace necesario recurrir a la figura de la ocupación forzosa y la reclasificación del recurso que puede pasar de tener la categoría A) a la C9.
Entre los muchos expedientes administrativos y judiciales sancionadores destacan los que tienen su origen en la imputación de infracciones referidas a la paralización injustificada de la explotación; la inobservancia de los Planes de Labores aprobados; la pretendida aplicación retroactiva de las normas; la infracción urbanística o la falta de reconocimiento de licencias municipales por silencio administrativo positivo.
La diversidad de normas, la dificultad de determinadas pruebas técnicas, el solape de controles entre distintas Administraciones Públicas, son alguno de los ejemplos que justifica la necesidad de un abogado experto en el sector de la minería.
Nos encontramos, en primer lugar, bajo un problema de base, ya que el derecho minero cuenta actualmente con importantes cuestiones de técnica normativa. Podemos afirmar en este caso que cada Comunidad Autónoma establece los requisitos que considera oportunos para otorgar cada una de las autorizaciones.
Podemos distinguir los siguientes actos administrativos relacionados con los derechos mineros:
Permisos de exploración. Son otorgados con el fin de efectuar estudios y reconocimientos que no alteren de manera sustancial y significativa la configuración del terreno.
Permisos de investigación. Es necesario para poder hacer una búsqueda sobre los recursos minerales disponibles en un terreno determinado.
Concesión de explotación. Da al titular el derecho de explotación del recurso. Son concedidos de manera previa o previa investigación y tienen una validez de 30 años. Pasaremos a dar más detalles al respecto de la misma en el siguiente apartado.
