Diferencia entre ilegal, ilícito e ilegítimo: qué significa cada término

Ilegal, ilícito e ilegítimo no son sinónimos. Ilegal es lo que contraviene una norma concreta. Ilícito es un término más amplio que engloba cualquier conducta contraria al ordenamiento, tenga consecuencias penales, civiles o administrativas. Ilegítimo apunta a la falta de título, de legitimación o de justificación de una actuación, aunque esa actuación no infrinja ninguna norma.

La distinción importa cuando se recibe una propuesta de resolución, se discute la validez de un contrato o se plantea un recurso. El escrito que se presenta no es el mismo si lo que se discute es que la conducta no está tipificada, que el acto es nulo o que la Administración carecía de competencia para dictarlo.

Tabla comparativa

¿Qué significa que algo sea ilegal?

Ilegal es lo que está prohibido por una norma. La consecuencia la fija el artículo 6.3 del Código Civil, que establece que «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención».

Ese matiz final es el que suele decidir un asunto. No toda infracción acarrea la nulidad: si la norma prevé otra consecuencia, como una sanción o una obligación de reponer las cosas a su estado anterior, esa es la que se aplica. En materia ambiental es lo habitual, porque las leyes sectoriales establecen su propio cuadro de infracciones y sanciones.

Para que una conducta sea ilegal hace falta que exista una norma que la prohíba antes de cometerse. En el ámbito administrativo esa exigencia está en el artículo 27 de la Ley 40/2015, según el cual «sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley». El mismo artículo añade que «las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica».

De ahí sale uno de los argumentos que más veces prospera en un expediente sancionador: la conducta que se imputa existe, pero no encaja en el tipo que la Administración ha invocado.

¿Qué significa que algo sea ilícito?

Ilícito es un concepto más ancho que ilegal. Cubre lo prohibido por una norma escrita y también lo que choca con los límites generales que el ordenamiento impone a la autonomía de la voluntad.

El artículo 1255 del Código Civil lo formula así: «los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público». Y el artículo 1275 añade que «los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral».

Un mismo hecho puede ser ilícito en varios planos a la vez. Un vertido no autorizado a un cauce puede abrir un expediente sancionador administrativo, generar responsabilidad civil frente a quien sufra el daño y, si concurren los elementos del tipo, dar lugar a un procedimiento penal por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Que se puedan tramitar varios procedimientos no significa que se pueda sancionar dos veces. El artículo 31 de la Ley 40/2015 establece que «no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento». La discusión práctica casi nunca está en el sujeto ni en el hecho, sino en si el fundamento de la sanción penal y el de la administrativa son el mismo.

Ilícito penal e ilícito administrativo

La diferencia entre uno y otro no es de gravedad moral, sino de qué norma tipifica la conducta y qué órgano la persigue. El ilícito penal lo recoge el Código Penal y lo enjuicia un juzgado. El ilícito administrativo lo tipifica una ley sectorial y lo resuelve la Administración competente, a través de un procedimiento sancionador.

Esa separación tiene un efecto directo: cuando la Administración aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de delito, suspende el expediente y lo remite al Ministerio Fiscal. Si la vía penal termina sin condena, el expediente administrativo puede continuar, y ahí es donde vuelve a discutirse la tipicidad.

¿Qué significa que algo sea ilegítimo?

Ilegítimo señala que falta el título, la legitimación o la justificación para actuar, y no equivale a ilegal. El ordenamiento español no define «ilegítimo» como una categoría de infracción, a diferencia de lo que ocurre con la infracción administrativa o con el delito.

En la práctica el término aparece en dos situaciones distintas.

La primera es la falta de competencia o de habilitación. Un acuerdo puede haberse adoptado siguiendo el procedimiento y respetando los plazos, y aun así ser impugnable porque lo dictó un órgano que no tenía atribuida esa potestad. El artículo 25 de la Ley 40/2015 exige que la potestad sancionadora «haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley» y que se ejerza por «los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida».

La segunda es el uso común del término para describir algo que se percibe como injusto aunque sea conforme a derecho. Ese uso es legítimo en el lenguaje corriente, pero no sostiene un recurso por sí solo. Un escrito que alegue que una resolución es «ilegítima» sin identificar el defecto concreto (falta de competencia, ausencia de tipicidad, vicio de procedimiento) no le da al órgano que resuelve nada sobre lo que pronunciarse.

¿Por qué la diferencia cambia el escrito que se presenta?

En un expediente sancionador ambiental, los tres términos apuntan a tres líneas de defensa distintas:

• Si lo que se discute es que la conducta no es ilegal, el argumento es de tipicidad: los hechos no encajan en el tipo invocado, y el artículo 27 de la Ley 40/2015 prohíbe extenderlo por analogía.
• Si lo que se discute es que la conducta no es ilícita en ese plano, el argumento suele ser de concurrencia: los hechos ya se han sancionado en otra vía y opera el límite del artículo 31.
• Si lo que se discute es que el acto es ilegítimo, el argumento es de competencia o de procedimiento: quien dictó la resolución no estaba habilitado, o se prescindió de un trámite esencial.

Mezclar las tres en un mismo escrito sin distinguirlas resta fuerza a todas. Conviene identificar cuál es el defecto real antes de redactar las alegaciones o el recurso de alzada, y tener claro cómo recurrir una sanción administrativa dentro de plazo.

Preguntas frecuentes

¿Todo lo ilegal es ilícito?

Sí. Lo ilegal contraviene una norma concreta y por tanto entra dentro de lo ilícito. La relación no funciona al revés: hay conductas ilícitas, como un pacto contrario al orden público, que no infringen un precepto específico.

¿Puede algo ser legal e ilegítimo a la vez?

Sí. Una resolución puede cumplir la norma en su contenido y seguir siendo impugnable porque el órgano que la dictó carecía de competencia. Que el acto sea conforme en el fondo no sana la falta de habilitación.

¿Qué diferencia hay entre ilícito penal e ilícito administrativo?

La norma que tipifica la conducta y el órgano que la persigue. El ilícito penal está en el Código Penal y lo enjuicia un juzgado. El administrativo lo tipifica una ley sectorial y lo resuelve la Administración mediante un procedimiento sancionador.

¿Se puede sancionar dos veces por el mismo hecho?

No, cuando concurren identidad de sujeto, hecho y fundamento, según el artículo 31 de la Ley 40/2015. La discusión práctica suele centrarse en si el fundamento de ambas sanciones coincide.

¿Un acto ilegal es siempre nulo?

No siempre. El artículo 6.3 del Código Civil declara nulos de pleno derecho los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas, pero deja a salvo los casos en que la propia norma establece un efecto distinto, como una sanción o un deber de reposición.

¿Cómo le ayudamos desde Gutiérrez Labrador Abogados?

Trabajamos la defensa en expedientes sancionadores en materia de aguas, minas, residuos y actividades agroindustriales, y en los procedimientos penales por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Nuestro equipo de derecho administrativo revisa la tipicidad, la competencia y el procedimiento antes de plantear la estrategia. Si ha recibido un acuerdo de inicio o una propuesta de resolución, el plazo para alegar corre desde la notificación.

Consúltenos su caso

Carmen Gutiérrez Labrador

Carmen Gutiérrez Labrador es abogada especializada en Derecho Ambiental, de Aguas y de Minas. Socia directora del despacho Gutiérrez Labrador Abogados, lidera un equipo multidisciplinar con sede en Córdoba y Madrid. Con más de 25 años de experiencia, asesora a empresas nacionales e internacionales en sectores estratégicos como energía, agroindustria y minería. Ha sido reconocida con premios como el Andalucía Excelente y los European Legal Awards por su trayectoria jurídica.