25 Jun 25
La condena en costas es un aspecto importante en los juicios contra la Administración pública, ya que puede suponer un coste añadido para la empresa si el caso se pierde. Entender en qué consiste, a quién puede afectar, cuánto puede llegar a costar y en qué casos se impone, es clave para tomar decisiones legales con mayor seguridad y previsión económica.
En este artículo, te explicamos las claves y novedades sobre la condena en costas en el ámbito contencioso-administrativo.
¿Qué significa una condena en costas?
Una condena en costas implica que la parte que pierde el juicio debe hacerse cargo de los gastos procesales que ha tenido que afrontar la parte vencedora, incluyendo:
- Honorarios del abogado que ha llevado el caso.
- Honorarios del procurador, si ha intervenido en el procedimiento.
- Gastos de peritos o informes técnicos utilizados durante el juicio.
- Tasas judiciales, si las hubiera.
- Gastos administrativos: copias, notificaciones, desplazamientos, entre otros.
Esta medida busca compensar a la parte ganadora y desincentivar demandas injustificadas.
¿Quién puede ser condenado en costas?
En el contencioso-administrativo, pueden ser condenados en costas tanto la Administración Pública como el demandante particular, dependiendo del resultado del juicio y del comportamiento procesal de las partes.
La regla general suele ser que cada parte asuma sus propios costes, sin embargo, hay casos en los que el juez puede obligar a la parte perdedora a pagar también los costes legales de la otra, especialmente si ha actuado con mala fe o de forma poco razonable durante el proceso.
Importe máximo de la condena en costas
La ley establece límites claros para el importe de la condena en costas en los procesos contencioso-administrativos, buscando evitar indemnizaciones desproporcionadas. Estos límites varían en función de la cuantía del litigio y la complejidad del procedimiento, y están regulados para garantizar un equilibrio entre la compensación de la parte vencedora y la protección de los derechos de la parte vencida.
¿De qué depende el importe?
Los principales factores que se tienen en cuenta son:
- La cuantía del litigio: es decir, el valor económico del asunto que se está discutiendo.
- La complejidad del caso: si se trata de un procedimiento sencillo o uno que ha requerido mucha intervención técnica o jurídica.
- La actuación procesal: si ha habido recursos, incidentes, o si el comportamiento de alguna de las partes ha dilatado el proceso.
Límite legal por norma general
En términos generales, el artículo 139.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que, cuando se impone una condena en costas, la cantidad a pagar no puede superar un tercio de la cuantía del procedimiento, salvo que el juez justifique expresamente por qué se excede ese límite.
Costas en el contencioso-administrativo: ¿cómo se imponen?
La imposición de costas se decide al final del procedimiento por el tribunal, quien valora el resultado del litigio, la conducta procesal de las partes y el cumplimiento de los requisitos legales. Para ello, el juez tiene en cuenta criterios como la estimación total o parcial de las pretensiones, la existencia de temeridad o mala fe, y otras circunstancias específicas del caso.
¿Qué hacer si te condenan en costas?
Si te han condenado en costas en un procedimiento contencioso-administrativo, es fundamental actuar con rapidez y asesoramiento legal especializado para valorar las opciones disponibles. Esto puede incluir:
- Revisar la resolución para comprobar los fundamentos y posibles errores.
- Analizar la posibilidad de recurrir la condena en costas.
- Negociar el pago o establecer mecanismos de aplazamiento.
- Planificar la estrategia para evitar futuras condenas similares.
Contar con abogados especialistas en medioambiente y derecho administrativo es crucial para manejar correctamente este tipo de situaciones y minimizar el impacto económico y legal.
Carmen Gutiérrez Labrador es abogada especializada en Derecho Ambiental, de Aguas y de Minas. Socia directora del despacho Gutiérrez Labrador Abogados, lidera un equipo multidisciplinar con sede en Córdoba y Madrid. Con más de 25 años de experiencia, asesora a empresas nacionales e internacionales en sectores estratégicos como energía, agroindustria y minería. Ha sido reconocida con premios como el Andalucía Excelente y los European Legal Awards por su trayectoria jurídica.
