¿Qué es un juicio rápido y para que delitos se aplica?
Los juicios rápidos son un procedimiento penal especial cuyo objetivo es acelerar el proceso de enjuiciamiento de ciertos delitos, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y garantizando una justicia más pronta. En este artículo, exploraremos en detalle qué es un juicio rápido y para qué tipos de delitos se aplica.
¿Cómo funciona un juicio rápido?
La regulación del procedimiento del juicio rápido se encuentra en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Para poder aplicar este proceso especial es necesario que se cumplan los requisitos previstos en dicho artículo que hacen referencia al tipo de delito que se comete y a las características del presunto delincuente.
Una vez comprobada la adecuación de los requisitos para enjuiciar los hechos a través de este proceso especial, dará comienzo el procedimiento del juicio rápido, que consta de cuatro fases:
- Apertura de diligencias: los agentes de la policía judicial deben realizar actuaciones en un plazo de 72 horas antes de poner a disposición judicial al detenido. Deben solicitar informes médicos forenses, realizar pruebas de alcoholemia o tóxicas, informar al detenido de sus derechos y citar a testigos, entre otras cosas.
- Instrucción: es en el juzgado de guardia donde transcurre esta fase en la que se describen los hechos delictivos objeto del enjuiciamiento rápido mediante diligencias urgentes. En esta fase se pueden solicitar medidas cautelares o bien obtener una sentencia de conformidad con el fiscal.
- Juicio oral: si llegados a este punto aún no hay acuerdo con el acusado, se abre esta nueva fase, y dentro de los 15 días siguientes se cita al acusado para celebrar el juicio oral en el Tribunal Penal. Posteriormente, el plazo para dictar sentencia por el juez será de 3 días.
- Interposición de recursos: la sentencia se puede recurrir a través de un recurso de apelación desde los cinco días siguientes a su publicación.
¿Qué delitos se pueden procesar mediante juicios rápidos?
En primer lugar, para poder tramitar un proceso penal mediante un juicio rápido es necesario que nos encontremos ante un delito castigado con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o bien, aquellos delitos cuya duración no exceda de diez años “siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial”
Además, es necesario que se trate de delitos fragantes, que según la LEC son aquellos que “se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto.” También se considerará delincuente in fraganti “aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.”
A su vez, en el apartado segundo del artículo 795, se recogen todos los delitos que serán enjuiciados a través de un juicio rápido:
a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
Por último, es importante tener en cuenta que se debe tratar de un hecho delictivo del que se presuma que su instrucción será sencilla, y que no se puede aplicar el procedimiento de juicio rápido a determinados delitos en los que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.
¿Qué ventajas existen?
Llegados a este punto, las ventajas del juicio rápido son evidentes:
- Eficiencia en la tramitación del proceso, permitiendo que los tribunales puedan destinar más tiempo y recursos en aquellos procedimientos que lo requieren.
- Al reducir el tiempo de su instrucción se reducen los costes procesales para las partes involucradas.
- Se obtiene una sentencia firme en un breve plazo de tiempo.
- Reducción de la pena en el caso de alcanzarse una conformidad con el acusado.
En resumen, los juicios rápidos son un procedimiento valioso que busca agilizar el proceso de enjuiciamiento de ciertos delitos. A través de su agilidad procesal, contribuyen a mejorar la administración de justicia y a garantizar que los recursos judiciales se utilicen de manera óptima. Si necesitas más información sobre cómo es un juicio rápido, en Gutiérrez Labrador disponemos de abogados especializados en la materia dispuestos a resolver cualquier duda al respecto.